Artículo de Interés: “Orden Público” por Lic. Fernando Noetinger – Noetinger & Armando – Argentina

ORDEN PÚBLICO

Por: Lic. Fernando Noetinge#12FdoNoetingerFotodefinitiva_01ago18r
Bufete Noetinger & Armando – Buenos Aires, Argentina

Muchas legislaciones, regulan con mayor o menor detalle, el marco legal al que deberán ajustarse los contratos de licencia y de franquicia así como los demás contratos que podríamos calificar como asociativos.
Por ejemplo, en los contratos de franquicia, algunas legislaciones establecen plazos mínimos, obligación de entregar información económica y financiera sobre la evolución de de unidades similares, entrega de manual de operaciones, exclusividad en determinado territorio, régimen de la responsabilidad, limitación en los pagos, etc.

En materia de contratos de licencia también suele legislarse sobre la duración del contrato, régimen sobre mejoras en los casos de licencia de know-how, exclusividad, prohibición de venta de los productos en cierto tipo de negocios, obligación de confidencialidad, causales de terminación anticipada, limitación en los pagos, etc.
En ciertos casos, las legislaciones a las que nos referimos establecen en forma genérica que las normas relativas a esos contratos, son de Orden Público.
Se ha definido al Orden Público como “Conjunto de principios, normas y disposiciones legales en que se apoya el régimen jurídico para preservar los bienes y valores que requieren de su tutela, por corresponder éstos a los intereses generales de la sociedad, mediante la limitación de la autonomía de la voluntad y hacer así prevalecer dichos intereses por sobre los de los particulares”.
Una ley que el legislador calificó como de “orden público” implica como principio que los particulares no pueden modificar lo que la misma regula, limitando en consecuencia la libertad de contratación. Esto tiene implicancia en contratos de licencia o de franquicia cuando existen normas generales o especificas que han sido calificadas por el legislador como de orden público.
La complejidad hoy de las relaciones jurídicas determina que ya no estemos frente a un concepto unívoco de orden público. La doctrina que ha tratado este tema, distingue subcategorías, entre las que cabe mencionar las siguientes como las más relevantes:

    1. El orden público de dirección: es aquel orientado a la regulación de las relaciones de mercado, de la organización económica de la sociedad, y se diluye en aquellos sistemas económicos que acentúan la libertad de los mercados, debido a que el Estado minimiza su función regulatoria.
    2. El orden público de protección: es aquel destinado a la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad jurídica, social, económica o cognoscitiva; estableciendo reglas y principios que permiten superar desigualdades estructurales. Tiende a resguardar al contratante débil buscando en especial el equilibrio interno del contrato.

Una de las dificultades que surge en esta materia es que en la actualidad hay una tendencia legislativa en numerosos países de calificar una norma en forma genérica y abstracta como de “orden público”, y no ya respecto a un contenido específico dentro de la misma.
Ello ha llevado a que algunos autores a analizar si un juez puede o no considerar una norma como de orden público sin necesidad de que haya un planteo de inconstitucionalidad.
Algunos han sostenido la tesis según la cual el juez tiene la facultad de resolver si una determinada ley que el legislador calificó “de orden público” resulta o no inderogable por un acuerdo entre particulares. También se ha afirmado que la calificación que el legislador le haya dado a una ley, en este caso que la misma es de “orden público”, no obliga al juez quien podrá examinar si la relación contractual cuyo contenido se cuestiona atenta contra principios jurídicos fundamentales de nuestro sistema legal.
Un destacado jurista argentino que se enrola en esta tesis ha incluso llegado a sostener que “la declaración genérica de que una ley es de orden público, puede ser efectuada por el mismo legislador que la dicta. La calificación legislativa, sin embargo, no obliga al juez, quien deberá examinar siempre si el acto jurídico cuestionado atenta contra alguno de los principios jurídicos fundamentales del ordenamiento al aplicar la norma calificada presuntivamente de orden público, al caso en cuestión”[1].
La otra tesis afirma que para que el juez califique una ley como que no es de orden público debe determinar si la misma es o no constitucional. En esa línea se ha sostenido que “si el legislador en apreciación de las circunstancias económicas, sociológicas o políticas decide asignar a una norma el carácter de orden público, no sería lícito a los jueces desconocerlo sino concurre la circunstancia precisa de que por esa vía se incurriera en una transgresión a garantías constitucionales; no llegándose a ello, no es función propia del Poder Judicial entrar a revisar lo que está reservado al legislador facultado para elegir las pautas de política legislativa que estime razonables para el bien común y mal podría enmendarse sus decisiones en tanto no lesionen las normas de la ley suprema”[2].

Este tema sin duda presenta interés no solo desde un punto de vista doctrinario sino práctico en contratos que involucran derechos de propiedad intelectual.

[1] Brebbia, Roberto, en “Instituciones de Derecho Civil”, Santa Fé, Argentina1997

[2] Martinez Ruiz, Roberto, en “Sobre la facultad judicial la calificación de la ley hecha por el legislador”, Publicado en Argentina en la Revista Jurídica La Ley, año 1985, tomo E, pag.-765.

Fernando Noetinger es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires en 1968 y agente de la propiedad industrial.  Es socio del bufete Noetinger & Armando desde 1994 a la fecha. A través de su trayectoria ha representado diferentes posiciones de liderazgo entre las que se encuentran: Presidente Internacional de LES International, Presidente de la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ha dictado y dicta numerosos cursos y conferencias organizadas por distintas instituciones nacionales e internacionales.
En la actualidad se encuentra particularmente dedicado al asesoramiento y asistencia en asuntos complejos en Propiedad Intelectual, en particular en materia de denegatoria de solicitudes de patente, competencia desleal, derecho de la publicidad, contratos y litigios, liderando el Departamento de Litigios de Propiedad Intelectual.

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